Una de las primeras consecuencias que tendrá la proclamación del príncipe Felipe como nuevo rey Felipe VI será que la nueva Familia Real española quedará limitada a seis miembros: los nuevos monarcas, Felipe y Letizia; sus hijas, las infantas Leonor y Sofía; más Juan Carlos y Sofía, los actuales reyes. Otra cuestión relevante es el estatus jurídico de don Juan Carlos, que perderá la inviolabilidad que le concede la Constitución cuando su hijo asuma el trono, y que tendrá que acometerse mediante una iniciativa legislativa.
Con el cambio en la titularidad de la Corona, las infantas Elena y Cristina dejarán de ser parte de la Familia Real para pasar a ser "familia del rey". Así lo establece el decreto regulador del Registro Civil de la Familia Real, de noviembre de 1981, que solo incluye en este grupo al monarca, su consorte y sus ascendientes y descendientes, además del príncipe de Asturias -a partir de ahora, princesa-.
Por tanto, la situación de las infantas Elena y Cristina, en tanto que hermanas del nuevo jefe del Estado, será similar al que ahora tienen las hermanas del rey Juan Carlos, las infantas Pilar y Margarita, que no forman parte de la Familia Real pero son "familia del Rey".
Como otro efecto de este cambio, sus actividades ya no estarán incluidas en la agenda institucional de la Casa del Rey, donde doña Elena (no así doña Cristina, sin actividad oficial desde hace noviembre de 2011) tiene asignados sus propios actos.
Felipe VI fijará el sueldo y las funciones de su padre En cuanto a las tareas que podrá desempeñar don Juan Carlos tras la proclamación de su hijo como nuevo Monarca, las fuentes de la Casa Real explican que tendrá que ser Felipe VI quien las determine, así como la dotación económica que recibirá.
La Constitución establece al respecto, en su artículo 65, que "el rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".
Hasta ahora, la infanta Elena y la infanta Cristina -mientras participó en actos institucionales- también recibían una asignación que, como no equivalía a un sueldo como en el caso de los reyes y de los príncipes, compatibilizan con otras actividades económicas en empresas privadas, un modelo bajo el que los negocios de Iñaki Urdangarin han acabado en objeto de investigación judicial.
Y en el artículo siguiente, la Constitución establece que el jefe del Estado "nombra y releva libremente a los miembros civiles y militares de su Casa", algo que corresponderá hacer al príncipe Felipe en cuanto sea proclamado rey.
Lo que no cambiará será su residencia. Según fuentes de la Casa Real, don Juan Carlos y doña Sofía seguirán viviendo en Zarzuela, mientras que Felipe y Letizia no se moverán de su actual casa, un chalet construido en el mismo complejo, pero separado del Palacio. Felipe VI sí trabajará en el despacho que hoy usa su padre en el Palacio de la Zarzuela.
El estatus y la inviolabilidad del rey, por definir Otras de las cuestiones que deberán definirse son el estatus de Don Juan Carlos y la cuestión de su aforamiento político, dado que cuando deje de ser rey perderá la inviolabilidad que la Constitución le otorga.
Sobre la primera, la Constitución no aclara el estatus de los reyes que dejan de reinar. Hay que buscar en la tradición monárquica el papel de otros monarcas sin corona -entre los Borbón hay cinco precedentes-: como posibilidades, por su cercanía, las figuras de conde de Barcelona, rey padre, o Alteza Real.
El estatus que sí cambiará es el de la infanta Leonor, que tiene actualmente ocho años. Con la proclamación de su padre como rey, será de forma automática princesa de Asturias y heredera de la Corona -la más joven de Europa-, aunque habrá, aún sin fecha, una proclamación formal en Asturias. La hija menor de Felipe y Letizia, Sofía, seguirá siendo Infanta.
Por otro lado, la Constitución española establece en su artículo 56.3 que "la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad", una prerrogativa que dejará de aplicarse a don Juan Carlos para afectar a Felipe VI.
Del mismo modo, tal y como establece la Constitución en ese mismo artículo, a partir de ese momento los actos del nuevo monarca estarán "siempre refrendados" por el Gobierno y "de los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden", según el artículo 64 de la Carta Magna.
Un real decreto regulará el estatus de don Juan Carlos
Queda por ahora pendiente la regulación que el Gobierno anunció el pasado 4 de abril, para incluir en la condición de aforados ante el Tribunal Supremo a la reina y los príncipes de Asturias a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Esta modificación normativa ya sólo afectará a la futura reina Letizia y a su primogénita, Leonor, como princesa de Asturias, y supondría que, en caso de ser imputados, el proceso tendría que ser remitido al Supremo, como ya ocurre con los diputados, senadores y miembros del Gobierno.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, explicó al anunciar esta reforma que el Gobierno había tenido en cuenta las funciones de Estado que, dentro de la Familia Real, realizaban la reina y los príncipes de Asturias, y remarcó que doña Sofía compartía las funciones de Estado del rey, igual que los príncipes.
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